El Gobierno del Estado denunció penalmente al ex-gobernador y a otros
La denuncia contra el ex-gobernador está relacionada en la venta de inmuebles ubicados en la exclusiva zona de “El Pedregal”, en Cabo San Lucas. También existe una denuncia civil contra “El Pipi Ibarra”.
Aparecen los siguientes nombres: Narciso Agúndez Montaño, Guillermo Jáuregui Moreno, Luis Pedro Cervantes Santamaría, Hassan Mansur González, Ramón Alejo Ojeda, Héctor Guadalpe Ibarra Espinoza, Alfonso Villanueva Valencia, y Oscar Armando Dacarett Casas.
Se los acusa por los delitos: de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, peculado, falsedad en declaraciones de funcionarios públicos, simulación de actos jurídicos y coparticipación en conductas ilícitas de funcionarios públicos.
Denuncias
Fueron denunciados:
- El ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, y
- El ex secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, Guillermo Jáuregui Moreno. Además, los funcionarios públicos:
- Luis Pedro Cervantes Santamaría,
- Hassan Mansur González,
- Ramón Alejo Parra Ojeda, exdirector de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado;
- Héctor Guadalupe Ibarra Espinoza, exoficial mayor de gobierno en la administración inmediata anterior, así como
- Alfonso Villanueva Valencia y contra quien o quienes resulten responsables.
La denuncia penal LPZ/079/SPB/2011, fue interpuesta por el arq. José Refugio Carrillo Sánchez, en su carácter de director del Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de Tierra del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
Sólo reveló que la denuncia está relacionada con la enajenación de siete inmuebles, ubicados en el fraccionamiento denominado “El Pedregal” ubicado en una zona exclusiva de la ciudad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur,
Esos inmuebles fueron licitados en el 2007, por un valor de $76’200,000.00 (setenta y seis millones doscientos mil pesos) a favor de la empresa Las Veredas de San José S. de R.L, de C.V., en la que aparece como socio Oscar Armando Dacarett Casas.
Después de cubrirse el precio total de la licitación, mediante convenio posterior, se deja sin efectos declinándose la operación, con el argumento de que el precio total de la operación no fue cubierto.
En el año 2011, se vendieron ante notario público esos mismos inmuebles, en un valor total de $23’980,000.00 (veintitrés millones novecientos ochenta mil pesos), en perjuicio de la administración pública estatal, existiendo una aparente diferencia de $52’220,000.00 (cincuenta y dos millones doscientos veinte mil pesos) de precios en perjuicio y agravio del erario estatal.
Denuncia Civil
El Gobierno del Estado también demandó, por la vía ordinaria civil a:
- Ramón Alejo Parra Ojeda, exdirector de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado,
- Héctor Guadalupe Ibarra Espinoza (alias “El Pipi Ibarra”), ex-oficial mayor de Gobierno en la administración inmediata anterior, así como
- Alfonso Villanueva Valencia.
Los demandados han incurrido de manera premeditada en la simulación de actos jurídicos en perjuicio de la administración pública del Gobierno del Estado.
Recordemos que “El Pipi Ibarra” pertenecía al PRD, al igual que el actual gobernador, pero pasaron al PAN, donde uno fue candidato a gobernador y el otro candidato a Alcalde del municipio de La Paz.
“Lo anterior derivado del contrato de compraventa celebrado en fecha tres de julio de 2007, teniendo como antecedente el litigio laboral que los empleados de la empresa California Connections, S.A. de C.V., entablaron en contra de esta última” por la cantidad de $27’000,000.00 (veintisiete millones de pesos).
Una vez que los trabajadores se adjudican dicho inmueble, solicitan el apoyo al Gobierno del Estado, con la intención de que este último les ayude a promover y concretar la venta del inmueble objeto de la adjudicación mencionada.
Por tal motivo, los trabajadores otorgan poderes a favor del ex Oficial Mayor del Estado Héctor Guadalupe Ibarra Espinoza y del ex director de Asuntos Jurìdicos del Estado Ramón Alejo Parra Ojeda.
Ante la necesidad de los trabajadores y la dificultad de venta de un inmueble de tal precio, se realiza un convenio entre los trabajadores y el Gobierno del Estado, en el cual la administración pública inmediata anterior paga en parcialidades el importe de la liquidación total laboral de los empleados de dicha empresa y con ello adquiere los derechos de disposición del citado inmueble, predio propiedad de los trabajadores, convirtiéndose con esto en legítimo propietario de dicho inmueble.
Una vez que dicho inmueble quedó como parte del patrimonio del Estado, los ex-funcionarios Héctor Guadalupe Ibarra Espinoza y Ramón Alejo Parra Ojeda, efectúan una aparente compraventa a favor de Alfonso Villanueva Valencia, manifestando en el contrato respectivo que el precio de $27’000,000.00 (veintisiete millones de pesos), fue cubierto al momento de la celebración del citado contrato de compraventa, pero ese dinero nunca entró a las arcas de la administración estatal.
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Hassan Mansur González,lo mas transa que hay en la laguna,bien loco el chavo, siempre hace sus desmdres en los cabos,pero compra a todo mundo su papa,pero unos dias mas le vamos a meter una chinga,ya sabemos donde vive el rata,con cola de dinosaurio
toda la familia tiene fama de ratas y nexos con dinero ilicito,quebraron a una cia de llantas llamada continental con varios millones de dollares ay ahora los hijos hacen lo mismo que el papa,robar,robar y robar……..pero no duran mucho,. ya estan en la lista……………………………………………..
A huevo a partirles su madre atodos los priista y televisos este julio en las elecciones AMLO 2012
yo no confine en agundez niña en Leone cota pero que bueno que. lo agarraron ahora falta Rome deschamps ,elba ester gordillo , codwell. Salinas de gortari , emilio azcarraga jean ,peña nieto el niño Verde uf son muchos. Priistas